El juicio express
¿Hubo un juicio por las -al menos-
89 muertes?
Sí, el juicio empezó el 6 de marzo de 2019, seis años después. Pero no fue lo esperado, ni por el tipo de proceso, ni por el resultado final. Si lo ponemos en términos técnicos, podemos decir que se trató de un proceso cortito porque fue un juicio correccional: uno en el que, antes de iniciar el debate oral, las personas imputadas reconocen los hechos y aceptan la pena.
Sergio Lezana, único imputado al momento de comenzar el juicio, apenas fue acusado de “inclumplimiento de deberes de funcionario público”, imputación que contemplaba una pena irrisoria y que estaba lejos de lo que pretendían las querellas.
Datos clave
La instrucción de la causa estuvo a cargo de la Fiscalía de Delitos Complejos, la UFI 8, de Jorge Paolini.
Entre 2013 y 2019 familiares, vecines y asambleas presentaron múltiples denuncias penales para que se investiguen las responsabilidades de funcionarios y las causales de muerte. Finalmente Paolini decidió unificar todas las presentaciones para que se arme una única causa penal y elevarla a juicio oral.
Paolini sólo consideró para el banquillo de los acusados a dos funcionarios:
Sergio Ariel Lezana, director de Defensa Civil Municipal de aquel año, y también al responsable de la misma función, pero a nivel provincial: Miguel Ángel de Lorenzo.
Los abogados defensores de los imputados fueron Juan Di Nardo y Fabián Améndola.
Hubo un particular damnificado que pidió que se investigue qué pasó con los fondos con los que se pretendía ayudar a las personas damnificadas.
María Victoria Huergo era la Fiscal que había sido sorteada para ocupar el rol de la Fiscalía en el juicio. En 2018 se realizó la audiencia previa y ella participó. Pero cuando llegó el momento del juicio dijo tener mucho trabajo y se apartó. Quien tomó el lugar de la Fiscalía fue Jorge Paolini.
Había alrededor de 140 testigues que iban a ser llamades a declarar y estimaban que iban a ser alrededor de 10 audiencias.
Pero terminó siendo un juicio correccional llevado adelante por el Juzgado Correccional n° 4 de La Plata, a cargo de Claudia Grecco
¿Qué querían les familiares y vecines?
Para les familiares, las asambleas de inundades y les abogades querellantes era importante que se diera el debate oral, que se produjera la prueba y que se escuchara a les testigues. Pero, con el juicio correccional, eso quedó trunco. Así, se canceló la posibilidad de que declaren alrededor de 126 personas que hubieran tenido la posibilidad de aportar datos y ampliar las escasísimas e irrisorias imputaciones atribuidas, incluyendo las responsabilidades de siete funcionarios que habían sido señalados en una presentación realizada por la Asociación de Familiares Víctimas de la Inundación y el Colectivo de Abogades Populares La Ciega. Se trataba de:
En ese momento era Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
La querella lo imputó por los delitos de Homicidio, abandono de personas, violación de los deberes del funcionario público y estrago, todos ellos en concurso real.
Era intendente de la ciudad y tenía a su cargo la Secretaría de Gestión Pública, la Subsecretaria de Planeamiento Urbano, la Jefatura de Gabinete, y varias áreas específicas con responsabilidad en la realización de obras en la ciudad. Además, era el Presidente de la Junta Municipal de Defensa Civil.
La querella le imputó los delitos de Homicidio, abandono de personas, violación de los deberes del funcionario público y estrago, todos ellos en concurso real.
Se desempeñaba como Ministro de Infraestructura de la Provincia y tenía bajo su órbita la Subsecretaría de Obras Públicas y la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas. Fue acusado por los delitos de homicidio, abandono de personas, violación de los deberes del funcionario público y estrago, todos en concurso real.
Era Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y el máximo responsable de la Dirección de Defensa Civil, Las asambleas lo acusaban por los delitos de homicidio, abandono de personas y violación de los deberes del funcionario público, todos ellos en concurso real
Era el Jefe del Gabinete de la Municipalidad de La Plata y el máximo responsable del COEM, Comité de Emergencia y también estuvo a cargo del Comité de Crisis formado en 2013. Las asambleas lo acusaban por los delitos de homicidio, abandono de personas y violación de deberes del funcionario público, todo ellos en concurso real.
Era Secretario de Gestión Pública de la Municipalidad y tenía a su cargo la Dirección General de Obras Públicas, la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, la Dirección de Planeamiento Urbano y la Dirección de Proyectos de Saneamiento. Se lo acusaba por los delitos de homicidio, abandono de personas, violación de los deberes del funcionario público y estrago.
Era Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires y se lo acusó por los delitos de abandono de personas y violación de los deberes del funcionario público.
¿Por qué?
Porque podrían haber actuado de diversas formas: tenían responsabilidad por acción -u omisión- en torno a hechos previos, durante y posteriores a la inundación. Por ejemplo:
- Había informes de la UNLP y de expertos que se habían realizado después de las inundaciones de 2002, 2005 y 2008 y que alertaban del peligro latente.
- Se había declarado el estado de emergencia hídrica de diversos partidos de la Provincia, entre ellos, La Plata, Berisso y Ensenada.
- Se había presentado un amparo al nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU) por las consecuencias que podía traer la urbanización irracional.
Es decir, había información previa para actuar. Pero, además, durante el 2 y 3 de abril quedó claro que no existió ningún plan de contingencia. La gente tuvo que autoevacuarse: el 98,83% de las personas encuestadas por el Colegio de Trabajadorxs Sociales de la Provincia dijo que la evacuación corrió exclusivamente por cuenta de la “sociedad civil”. Mientras tanto, el intendente:
¿Cuántos funcionarios fueron condenados?
La Jueza Claudia Grecco condenó por una pena mínima a sólo UN funcionario: Sergio Daniel Lezana, quien era Director de Defensa Civil de La Plata durante la gestión del ex intendente Pablo Bruera.
El otro imputado, Miguel Angel Lorenzo, ex titular de Defensa Civil a nivel provincial, falleció un mes antes de que comenzara el juicio. Es decir, no hubo más de dos imputados en la causa, de los cuales sólo uno llegó a la instancia de juicio. Para la Justicia, no hubo más responsables.
¿Cuál fue la pena?
La pena fue tan irrisoria como la cantidad de condenados. Al haber optado por el juicio abreviado, Lezana se declaró culpable del único delito por el cual la Fiscalía lo acusaba: incumplimiento de deberes de funcionario público durante el período en que había estado en el cargo. La pena por este hecho fue una multa de $12.500 y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un año.
La pena fue tan irrisoria como la cantidad de condenados. Al haber optado por el juicio abreviado, Lezana se declaró culpable del único delito por el cual la Fiscalía lo acusaba: incumplimiento de deberes de funcionario público durante el período en que había estado en el cargo. La pena por este hecho fue una multa de $12.500 y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un año.
¿Cuál fue la pena?
–Por circunstancias de difícil explicación no he podido cumplir con mis funciones como funcionario público. Hubo una inundación de magnitud y no teníamos los recursos suficientes– dijo Lezana durante la audiencia.
–Lezana, para acceder al proceso abreviado, usted sólo tiene que decir si reconoce su responsabilidad en los hechos que se le imputan, sin ninguna explicación que pueda morigerar esa afirmación, –respondió Grecco, la Jueza.
–Lo reconozco.
–Eso basta.
Con ese breve diálogo entre la Jueza Claudia Grecco y el exdirector de Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata Sergio Daniel Lezana, se cerró el juicio express.
¿Cómo fue que pasó esto?
Una semana antes del juicio, integrantes de las asambleas de inundades y de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Inundación denunciaron que el camino de la impunidad se había empezado a gestar en abril de 2013. Acusaban al fiscal Jorge Paolini de actuar para quitarle responsabilidades a los, al menos, siete funcionarios de mayor jerarquía.
Entre ellos, el intendente Pablo Bruera y el gobernador Daniel Scioli.
La falta de planificación urbana, la desestimación de informes científicos que alertaban sobre la posibilidad de que un fenómeno como este ocurriera, no haber realizado obras hidráulicas ni preparado un esquema de evacuación y no haber equipado las áreas de defensa civil fueron elementos ignorados en las imputaciones y en las condenas.
Como si se hubiese tratado sólo de una catástrofe climática en la que hubo algunos errores de funcionarios de baja jerarquía y ninguna responsabilidad política, les vecines de la ciudad quedaron totalmente desprotegides por el Estado.
Dos meses después, familiares de víctimas y asambleas de inundades presentaron un pedido de juicio político a Paolini. Lo acusaban de negligencia y de no haber sido imparcial frente a la responsabilidad penal de distintos funcionarios públicos.
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